UN SISTEMA GARANTISTA

 (Escrito para la Fundación Civil)

Resulta llamativo comprobar cómo distintos medios del centro derecha -la izquierda, desafortunadamente, ni se lo plantea- parecen tocar a rebato y sugieren al unísono una revisión del modelo territorial y administrativo del Estado. Reaccionando como si el problema se hubiese generado la semana pasada, todos parecen salir al auxilio de un Estado-nación que se está partiendo a jirones.

Aunque las discrepancias entre sus propuestas son notables, todas parecen concluir en un mismo planteamiento: el modelo de gasto público ha dejado de ser posible en las condiciones en las que se encuentra diseñado, y ha llegado el momento de reformularlo. Nunca es tarde si la dicha llega, pero qué duda cabe de que la dicha habría sido mucho mayor si hubiese llegado a tiempo. Y sobre todo, si ésta se desarrolla en los términos adecuados.

Los medios más optimistas creen que bajo la máxima de “un servicio, una administración” es posible paliar la hipertrofia administrativa, esperanza que suena a pura poesía. Los moderados, aunque ellos piensan que sus medidas son revolucionarias, confían en que la suma de la devolución de las competencias a la Administración central, la más que hipotética fusión de Comunidades Autónomas pequeñas con grandes y la eliminación de las Diputaciones Provinciales, amén de otros gastos generados por la clase política, como la supresión de las televisiones públicas y su caterva de asesores, propuestas que requieren de una reforma constitucional, solventarían para siempre el déficit presupuestario, verdadero agente lacerante de nuestra economía. Y los más pesimistas incluyen en los recortes al mismísimo Estado del bienestar -compuesto básicamente por un sistema sanitario y educativo universales, una cobertura general del desempleo y un sistema de pensiones amplio- advirtiendo de la urgencia de disciplinar el estómago de las necesidades españolas a ingestas prestacionales no sólo menos copiosas sino literalmente frugales.

Aunque las tres propuestas parten de visiones diferentes, todas mantienen la misma ceguera respecto a la causa que origina el resto de las dolencias nacionales. El Título VIII que alberga la Constitución española, a mi modo de ver, pernicioso per se, no habría complicado tanto nuestra convivencia colectiva si bajo cada uno de los feudos autonómicos residieran unas reglas constituyentes del poder respetuosas con los principios de la representación, la división de poderes y la participación. La principal ventaja que puede atribuirse a un sistema descentralizado es su mayor proximidad, su carácter mediato respecto a la sociedad cuyas demandas atiende. En el Estado Autonómico esa peculiaridad no se produce. Los diputados autonómicos  resultan ser, como mínimo, tan poco representativos de sus votantes como los diputados nacionales. Y qué decir de los provinciales, que son elegidos por sus jefes en cada partido judicial. Sería muy esclarecedor que una encuesta reflejase el grado de conocimiento que presentan los ciudadanos respecto a los nombres de los diputados autonómicos y provinciales que teóricamente les representan. Dudo mucho que la cifra fuera superior al 5%. El funcionamiento de los partidos en el ámbito provincial y autonómico es idéntico a los partidos nacionales. El sistema parlamentario de listas y la financiación pública imposibilitan de raíz cualquier intento de representación civil en el Estado. La ausencia de división de poderes y de participación real de los ciudadanos se encargan de eliminar el resto de los principios sobre los que se fundamenta un sistema democrático.

De poco servirán el bloqueo de competencias y la limitación del gasto frente a la voracidad sin control y la ausencia de representación de quienes dirigen los entes autonómicos. Pues, en un Estado con una clase política liberada de responsabilidad, en cuanto la situación mejorase lo más mínimo se volverían a abrir redes clientelares de una forma u otra.

Tras más de treinta años, parece que va siendo el momento de modificar nuestro sistema de poder basado en la responsabilidad de los gobernantes por un sistema garantista. Es el ser o no ser de la democracia y por tanto del bienestar.

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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