UN DISCURSO POLÍTICO PARA UN PROBLEMA POLÍTICO

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(Artículo escrito para la Fundación Civil)

Las propuestas para terminar con nuestra crisis económica y nacional que acaba de verter en nuestra débil esfera pública Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de El Mundo, pese a su cantidad y aparente calado, son esencialmente insuficientes, dándole al término “esencial” su acepción discursiva.

Si el discurso de la esencia define las partes, el de Jorge de Esteban en relación con la crisis adolece de no incluir las verdaderas causas quela promueven. Losdiscursos economicista y nacional, a mi modo de ver, materializan casuísticamente la carencia del factor esencial, pero por definición se muestran incapaces de sustituir la naturaleza política del mismo.

El discurso economicista, especialmente el liberal, exige racionalidad en el gasto público. Luego toda acción gubernamental encaminada a reducir solapamientos y suprimir y agregar Administraciones, tal y como propone el catedrático, sin duda contribuirían a mejorar la Administración y a ahorrar unos gastos que hoy se encuentran duplicados o incluso en ocasiones cuadruplicados.

A su vez, el discurso español y antinacionalista -que obviamente implica anti soberanismo por no existir ningún movimiento nacionalista de corte romántico y kelseniano que no albergue en sus pretensiones bastardas de poder el deseo de edificar un Estado político donde dice encontrar una nación cultural, afirmación que no puede dejar de ser compartida sino es desde la necedad o el cinismo- exige cerrar definitivamente el modelo administrativo del Estado y recuperar competencias que refuercen la unidad legislativa y de mercado, algo que parece fundamental.

Pero mientras no convengamos que ambos problemas hunden sus raíces en una causa superior no encontraremos la forma de solucionarlos. El discurso económico y territorial que pretenden dar respuesta a sus respectivos problemas están subordinados al político. Porque el problema esencial de España en su magnitud existencial es eminentemente político. La estatalización de la esfera pública y el blindaje de los grupos de poder que dicen representarnos ha permitido que éstos hayan encontrado en el Título VIII y su capacidad para captar redes clientelares, la más eficaz herramienta para sus ambiciones.

Pero no nos engañemos. Con todos sus defectos, de no haber germinado en un hábitat político oligárquico, el modelo autonómico no habría resultado letal. Forma y sustancia parecen darse la mano de manera simbiótica. La ausencia de control y representación que caracteriza a la oligarquía de partidos habría encontrado el lugar óptimo para sus dispendios en cualquier modelo de administración territorial. Sin separación en origen de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el derroche y el clientelismo habría venido, en lugar de por la vía autonómica, por la vía municipal y nacional, pues no tenemos más que acercarnos a cualquier país cuya clase dirigente viva blindada respecto sus ciudadanos para comprobar que la línea de la buena administración no la marca la elección del modelo de Estado ni de su jefatura sino el de Gobierno. Cierto es que cuanto menos poder político exista en una sociedad, mejor para ella, especialmente si dicho poder se despliega en una nación marcada por las desavenencias territoriales que sólo unos pocos beneficiados han estado tan interesados en fomentar. Pero lo verdaderamente importante es que la fuente de su legitimidad sea ciudadana y directa, y que sus actores representen verdaderamente a la sociedad civil y dependan de ella sin poder blindarse.

¿O acaso creemos que sin el Estado de las Autonomías los partidos políticos estatales no podrían volver a hacer lo mismo aunque camuflado bajo otras formas?

Al ser órganos del Estado, los partidos se han separado de los ciudadanos y falsean la existencia de la esfera pública que media entre el Estado y la sociedad civil. Sus leyes, aunque legales, no son legítimas. Y lo que es peor, no estarán nunca encaminadas al servicio de la causa cívica pues en esencia no les corresponde hacerlo.

En plena época de la indignación, lo que para un demócrata resulta verdaderamente indignante es que nos indignemos por los efectos pero no por las causas que los producen. En alusión al famoso pasaje de Bastiat (Lo que se ve y lo que no se ve) el desmán autonómico y el solapamiento de las Administraciones públicas emergen ante los ojos de analistas y ciudadanos instalados en el discurso economicista y nacional. Pero la ausencia de libertad política permanece todavía sumergida en las aguas abisales de la confusión pública, la cobardía intelectual y el interés oligárquico.

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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