Texto de mi intervención ayer en la Mesa Redonda sobre “La reforma constitucional del art. 135” en el Ateneo de Madrid

 

 

Buenas tardes

Mis agradecimientos al Ateneo de Madrid y en especial a D. Pedro López Arriba, presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta institución

La erudición de Hannah Arendt nos enseñó la enorme diferencia de poder y autoridad que existe entre una constitución impuesta por el gobierno sobre el pueblo y la constitución mediante la cual un pueblo constituye su propio gobierno

No sé si puede existir en el constitucionalismo de siglo XX un caso más paradigmático de esta diferencia que la Transición española

LA REFORMA DE SEPT 2011

Los hechos relacionados con la reforma del art. 135 de la CE son de sobra conocidos, no me entretendré, por lo tanto, en describirlos y pasaré directamente a valorar políticamente las decisiones tomadas.

Los ciudadanos españoles acabamos de asistir a la enésima puesta en escena de la ficción del principio representativo

Los principales partidos representantes del propio Estado que confeccionaron a su imagen y semejanza, pasando de un Estado de partido único a un Estado oligárquico de partidos, han pactado cuando les ha interesado, porque cumplir una exigencia no deja de ser un acto interesado, una reforma constitucional.

La cuestión, más allá de lo acertado de la exigencia, supone una muestra más de que la libertad política de los españoles permanece cautiva y desarmada.

La modificación del art. 135 implica, aun con acierto, la transformación de nuestro sistema de gestión pública y constituye una piedra angular en el itinerario de la concepción del Estado del bienestar.

No poder endeudarse en más de un pequeño porcentaje del PIB modificará sin duda el modo en que se ha invertido el dinero público en España, casi con toda seguridad, para bien, pero muchas personas, creo que también para bien, se verán afectadas por dicha decisión

No es concebible no haber contado con ellas, máxime incluso cuando los férreos y oligárquicos mecanismos de reforma de la Constitución del 78 así lo contemplan, al menos como posibilidad.

Más inaudito todavía, es el hecho de haber podido contemplar la impasividad de unos diputados, teóricos representantes de la sociedad española, que ante la insistencia ciudadana por expresar su voluntad, evidenciando la necesidad de convocar un referéndum, y ante tantos actos de protesta convocados en las calles al efecto, han girado la butaca de su escaño buscando la mirada cómplice del jefe que allí les puso.

Si incluso este intento democrático de Constitución permite convocar un referéndum a petición de un 10% de los diputados y si se supone que en su seno habita el espíritu de la representación, ¿cómo es posible que no haya entre estos funcionarios de partido un mínimo de dignidad no sometida a la dictadura de la nómina y la pensión vitalicia?

¿Acaso no hay ninguno entre sus miembros que pueda ganarse la vida en la sociedad civil, tal y como lo hacen millones y millones de españoles?

No hay necesidad de un referéndum, la voluntad de los ciudadanos está representada en el 80% del Parlamento que ha aprobado la reforma” dijo Rajoy

Claro, por eso los hashtag #yoquierovotar y #terceraurna fueron trending topics en Twitter nada más y nada menos que durante toda una semana.

Lo peor, lo más denigrante desde el punto de vista del respeto al ciudadano, es que ningún partido llevaba esta propuesta en su programa, pese a lo cual Rajoy siguió defendiendo que la medida contaba con el apoyo implícito de la ciudadanía.

La clase dirigente está tan acostumbrada a que las consecuencias de ningunear al votante no tengan, porque no pueden tenerlo, más que un escasísimo reflejo en los resultados electorales, que lo practican con cinismo y sin pudor ninguno.

Por otra parte, no cabe la excusa de la urgencia, si había prisa, primero se aprueba y luego se somete, junto a otras tibias reformas propuestas, al veredicto ciudadano. Con el apoyo de los dos grandes partidos y sus medios de comunicación adjuntos, el riesgo de fracasar en la adopción de dicha medida, tan necesaria en su contenido como despótica en la forma en que se ha aprobado, estaba muy controlado.

La reflexión que todos debemos realizar es que con una simple pero auténtica democracia representativa este agravio al ciudadano probablemente ya no habría ocurrido

Ahora bien, en el contexto de una democracia representativa complementada con el principio participativo, nuestros problemas habrían encontrado una solución tan rápida como compenetrada con la marcha de los nuevos tiempos que la era del conocimiento marca y que la política, consciente de lo que juega en el envite, lucha encarnizadamente por convertirla en una moda sólo apta para frikis

Con las herramientas digitales de que se nutre el participacionismo posmoderno, la reforma se habría sometido a referéndum a petición de un 15% de la ciudadanía, independientemente de la opinión de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que por Ley habrían quedado obligados a velar por el buen funcionamiento de la consulta.

Y posteriormente se habría sometido a un proceso de revocatoria a todo representante que no quiso escuchar el clamor popular, lo que implica que el pueblo habría disuelto las Cortes Generales y convocado elecciones.

En realidad, es muy probable que no hubiese ocurrido esto último, porque la clase política, temerosa de esta posibilidad, en plena defensa de sus intereses y de su sueldo, habría convocado el referéndum. Y se habría ratificado en este caso, demostrando que la democracia participativa, mucho más si viene implementada a través del voto electrónico, se convierte en un fantástico y novedoso mecanismo de control de la clase dirigente. El ciudadano debe saber que convertirse en el jefe de la clase política, y dejarlo bien claro, es la mejor forma de asegurarse que ésta trabajará para el interés general. Y es obligación de quienes estamos convencidos de este axioma político, el proclamarlo a los cuatro vientos.

 

Ésa es la verdadera necesidad de España, no detenernos en pequeñas reformas sino revisar íntegramente nuestra Constitución para intentar implementar las normas democráticas modernas y complementarlas con un modelo posmoderno que destierre de una vez por todas el concepto del elitismo endogámico.

HA LLEGADO LA HORA DE PLANTEARNOS UNA REFORMA POLÍTICA

España atraviesa uno de los momentos más críticos de su existencia.

En el origen de nuestro dolor endémico subyacen razones que traen causa en factores de hondo calado institucional. El sistema político español adolece de una serie de vicios arrastrados desde la Transición que lo inhabilitan para considerarlo una auténtica democracia. Nuestros dirigentes no representan a la ciudadanía ni dependen de ella en la medida que debe exigirse en una democracia del siglo XXI. Y constituye un axioma lógico que, si los gobernantes no dependen de la ciudadanía porque ésta, en realidad, no les elige y controla, y porque al mismo tiempo está impedida legalmente para participar en las cuestiones públicas, no se debe esperar que éstos últimos acaben trabajando para ella. Una sociedad cuyo sistema político permite y fomenta que su clase dirigente viva al margen del ciudadano, está abocada al fracaso político, económico y social. Datos no nos faltan para apoyar esta tesis, todos los sufrimos y no hay tiempo para detallarlos.

Los problemas que afronta España no dejarán de existir mientras no se revise el actual régimen político oligárquico en favor de otro más democrático en el que el ciudadano se encuentre verdaderamente representado, existan mecanismos legales que garanticen el control al poder político y se articulen auténticos cauces de participación ciudadana. Pero muy especialmente, y de acuerdo con este último punto, la situación no encontrará respuestas a sus dificultades mientras los españoles no seamos los que, sin ningún tipo de imposición, nos otorguemos las normas políticas y de convivencia que consideremos oportunas y óptimas para nuestro desarrollo en sociedad. Pues en palabra de Thomas Paine, “Una constitución no es el acto de un gobierno, sino de un pueblo que constituye un gobierno”.

 

Transcurridos más de 30 años de vigencia constitucional, parece obvio que la Constitución española de 1978 necesita un revisión de acuerdo a los criterios democráticos aquí observados. Una revisión realizada por el ciudadano y para el ciudadano que consistiría en cuestionar lo existente, deliberar en libertad sobre las distintas soluciones y tomar las decisiones que determine la voluntad mayoritaria.

IMPOSIBILIDAD DE PROMOVERLA POR LAS VÍAS ESTABLECIDAS

En todo proceso de revisión constitucional se pueden advertir dos vías. La vía institucional y la vía de la legitimidad.

La vía institucional se articula a través de los mecanismos de revisión o de reforma que una constitución establece sobre sí misma.

La vía de la legitimidad consiste en demostrar a las instituciones públicas, habitualmente recelosas a todo cambio que puede afectarles y sordas a las demandas ciudadanas insuficientemente articuladas, que existe el deseo ciudadano evidente y mayoritario de promover una revisión del sistema político vigente.

FALTA DE INTERÉS DE LOS PODERES ESTABLECIDOS PARA PROMOVERLA

No podemos detenernos hoy en su explicación.

Baste decir que las características particulares de nuestro ordenamiento jurídico hacen obvia la deducción de que una revisión constitucional precisa de la voluntad expresa de las instituciones políticas. Si ésta no existe, o incluso si es minoritaria, la posibilidad institucional queda ahogada en el fluido de la legalidad.

INEXISTENCIA DE VERDADEROS CAUCES PARTICIPATIVOS LEGALES

Por otra parte, la Constitución española es tan restrictiva en cuanto a los cauces de democracia participativa que el ciudadano no tiene posibilidad alguna de promover de manera unilateral cambios en la legislación, pues necesita de la aprobación y tutela del Parlamento para su tramitación y aprobación final, cuestión mucho más acentuada cuando se trata de la materia constitucional.

Queda relegada así toda aspiración ciudadana, por muy mayoritaria que sea, de revisar su propia Constitución por la vía institucional, a la mera esperanza de que algún día los partidos instalados tengan a bien promover cambios que previsiblemente no alteren excesivamente el statu quo.

Esto es, precisamente, lo que está ocurriendo en estos momentos. Las demandas ciudadanas respecto a la necesidad de revisar nuestro sistema político se encuentran angostadas en el cuello de la botella institucional, al ser inexistente la voluntad de cambio en las cúpulas de los partidos estatales.

NECESIDAD DE PROMOVER LA VÍA DE LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA

Ante tal situación de impotencia legal/institucional, sólo queda la vía de la legitimidad democrática. Si la sociedad española demuestra por medio de una amplia consulta ciudadana, aunque no legalmente vinculante, que existe todo un clamor popular para revisar la redacción actual de la Constitución del 1978 sobre la base de hacer más auténtica la representación y más eficaz el control de los gobernantes, a la vez que se abren verdaderos cauces de participación política en el futuro y este clamor resulta ser absolutamente mayoritario, habremos conquistado la hegemonía política, condición previa para el cambio de largo alcance que  España necesita con urgencia.

Pues no hay poder político, y menos aún en Occidente, que pueda hacer caso omiso a peticiones concretas de la ciudadanía si éstas están sustentadas sobre una sólida mayoría y articuladas en torno algún procedimiento fácilmente mensurable.

En otras palabras, si la sociedad española demuestra oficiosa pero mayoritariamente que habita en su seno el ferviente deseo el revisar su sistema político, no habrá fuerza legal que se resista a aceptarlo, aunque sea con suma resignación.

Ahora bien, un proyecto de tan hondo calado político necesita ser capaz de convocar a un gran número de ciudadanos. Necesita a la transversalidad y el pluralismo como sus principales embajadores. En su origen no cabe ideología, raza, religión, modelo de gobierno, Estado o Administración. En él caben todos los demócratas españoles, de izquierda y de derecha, centralistas y federalistas, republicanos y monárquicos, laicos y religiosos, tradicionalistas y posmodernos, ecologistas y desarrollistas, cuyo objetivo sea exigir la apertura de un proceso constituyente y tener la seguridad de que en dicho proceso se creará una esfera pública que garantizará la participación ciudadana y el debate en libertad sobre las distintas soluciones que se propongan. Donde, en palabras de Jefferson, “la opinión de todo el pueblo se expresase, discutiese y decidiese libre, completa y pacíficamente por la razón común”.

Mi opinión sobre cómo debería formularse dicho proceso queda, lamentablemente, pospuesta a otra futura ocasión.

Tan sólo quisiera recordar las palabras de Goethe que tanto vienen al caso

“No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino.”  

Muchas gracias

About admin

Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

%d bloggers like this: