Resumen de un Proceso Constituyente (propuesta para la web de Tercera Urna)

Tal y como quedamos en la última reunión de Tercera Urna el pasado miércoles, éste es el borrador del texto para que lo leáis y modifiquemos entre todos lo que veamos pertinente. Falta la visión y la estrategia que Tercera Urna tiene al respecto, cuyo documento quizá acabe de preparar este fin de semana, si mis viajes me lo permiten.

Qué es un proceso constituyente?

a)   Definición

b)   Fases

1)     Etapa Pre constituyente

2)    Etapa Decisoria

3)    Etapa de Convocatoria y Deliberación

4)    Etapa Asamblearia

5)    Etapa Residual

 

¿QUÉ ES UN PROCESO CONSTITUYENTE?

 

a) Definición

 

Decimos en las FAQ que un proceso constituyente es un acto de soberanía por el que se configura la organización política de una nación. Y efectivamente, no tiene mejor definición.

A través de un proceso constituyente se conforma un Estado, se otorga carta de naturaleza al mismo y se diseña una organización jurídica y política de acuerdo a los valores, necesidades e intereses que un pueblo (nación, sociedad) tiene por suyos. También se entiende por proceso constituyente todo acto de soberanía en virtud del cual se modifica la organización jurídica y política de un Estado previamente existente.

En cualquier caso, todo proceso constituyente parte indefectiblemente de un poder soberano, con voluntad y capacidad política creadora, que se llama poder constituyente, pues es el único que tiene la atribución o la legitimidad para crear o modificar un ordenamiento jurídico político. El poder constituyente originario, el que crea un Estado ex nihilo, no tiene naturaleza jurídica porque no puede encontrar su legitimidad en ninguna ley, al ser él mismo origen del Derecho. Su naturaleza y fuente de legitimidad es por lo tanto política. Un poder constituyente derivado, el que modifica la organización jurídica y política de un Estado previamente existente,  puede tener naturaleza jurídica derivada de la propia Constitución creada por el poder constituyente originario.

Sea originario o derivado, el titular y origen del poder constituyente es el pueblo de una nación, y su capacidad para transformar la organización del Estado sólo alcanza límites cualitativos o sustantivos en el plano de la moral (en el derecho natural, es decir, del propio orden de las cosas que se contiene en la naturaleza, por ejemplo la vida, la libertad, la dignidad del hombre), pero no en el plano jurídico-político. Los límites cuantitativos están sujetos a las reglas de las mayorías.

El  poder constituyente no sólo asume su función histórica para crear un Estado, sino también cuando se  quiere sustituir una Constitución por otra, porque siempre se trata de ejercer la soberanía popular para introducir modificaciones o sustituciones que se creen necesarios y que suponen una nueva estructura y jurídico-política.

El hecho de que exista un poder constituyente derivado no implica en absoluto que el pueblo se haya quedado sin esa capacidad, es decir, sin su libertad de acción constituyente. Esté o no tipificada esta función en el ordenamiento jurídico, el pueblo mantiene la capacidad de otorgarse una nueva organización jurídico-política, o de reformar la existente, en cualquier momento de su existencia como pueblo, no sólo en el nacimiento del Estado sino en cualquier instante posterior. Si entrasen en conflicto los dos poderes constituyentes, originario y derivado, no cabe duda de que el único con legitimidad democrática sería el originario o el del pueblo, pues la legalidad o carta de naturaleza del otro deriva del primero (pueblo).

Es decir, que frente al poder constituyente establecido o derivado como es el de las Cortes Generales españolas, compuestas por diputados de listas cerradas y bloqueadas que no representan a la sociedad española sino que lo hacen única y exclusivamente a las cúpulas de los partidos que les han colocado allí a través de su inclusión en favorables puestos de salida en las listas electorales, el poder constituyente originario del pueblo español, de la sociedad española, de la ciudadanía española es inmensamente superior y mucho más legítimo democráticamente hablando. En el supuesto de que las demandas populares de revisión constitucional no fuesen atendidas por el poder establecido (constituyente derivado), su única preocupación debería consistir en unirse y demostrar dicha unidad frente a las instituciones. Si se une y lo demuestra, las instituciones perderían toda su legitimidad para oponerse al inicio de un proceso constituyente.

 

b) Fases

Un proceso constituyente legitimado democráticamente no se limita a la convocatoria de unas Cortes constituyentes y a la aprobación de un nuevo texto constitucional. Para que cuente con toda la legitimidad necesaria, son necesarias una serie de etapas que hacen del mismo un proceso largo y con frecuencia difícil.

Sus fases son las siguientes:

 

1)     Etapa Pre constituyente

Es la fase en la que debe despertar el sujeto constituyente de su letargo. En ella, los miembros más activos de la sociedad transmiten la necesidad de cambios fundamentales en la organización política de un país a partir de un análisis de los factores y de las circunstancias que han generado un malestar general en la ciudadanía y que, a medida que se va transmitiendo dicha necesidad, se va gestando la conciencia en el conjunto mayoritario de la ciudadanía de reflejar dichos cambios en un texto escrito.

En esta etapa de concienciación pública, además de las causas que han motivado el descontento popular respecto al ordenamiento político susceptible de ser modificado, deben contemplarse las características y la naturaleza del proceso que se pretende iniciar así como los grandes pilares (proyecto Tercera Urna) sobre los que debe sustentarse tanto la nueva Constitución como la revisión integral de la actual, si ése es el caso. En la medida en que dichos pilares, establecidos como principios y como instrumentos dirigidos a resolver las deficiencias del sistema anterior, obtengan el respaldo de la sociedad, se podrá comenzar con ciertas garantías de éxito un proceso constituyente.

 

2)    Etapa Decisoria

Generada la conciencia en la sociedad al respecto de la necesidad de establecer profundas reformas en el sistema político vigente de un país, sus ciudadanos toman la decisión de promoverlas a través de un acto formal y específico.

Si en la Constitución vigente está previsto el mecanismo de consulta o referéndum, esta fase se realiza mediante la implementación del referéndum a instancia de los poderes Ejecutivo y/o Legislativo. Si el poder establecido no es sensible a la demanda popular y no convoca el referéndum, los ciudadanos pueden hacerlo si la Constitución vigente recoge en su articulado la posibilidad de presentar un determinado número de firmas acreditadas para incoar el proceso (caso de Suiza).

Si no están previstos estos mecanismos de democracia participativa para realizar la consulta sobre lo apropiado o no de abrir un proceso constituyente y los poderes establecidos o constituyentes derivados no confluyen con el sentir mayoritario de los ciudadanos al respecto de dicha pertinencia, debe establecerse el momento en el cual se consolida socialmente el compromiso para continuar concretando el proceso Constituyente.

En este supuesto se abren varias dos vías:

a)     Establecer unilateralmente por parte de la ciudadanía un mecanismo de consulta privado, no institucional, cuyo apoyo masivo pueda concentrar la legitimidad democrática necesaria para convertirse en sujeto constituyente. Sería el caso de una consulta ciudadana promovida por una parte de la población que articularía mecanismos (online y presenciales) para que la ciudadanía pudiera mostrar su opinión al respecto.

b)    En el contexto de una convocatoria electoral ordinaria, presentar una candidatura con el único punto en su programa de promover un proceso constituyente en los términos fijados en el mismo programa.

En ambos casos existen dos condiciones indispensables:

1)   que la decisión se sustente en la voluntad mayoritaria de los ciudadanos que es la que expresa la soberanía

2)   que en la convocatoria o candidatura se establezcan los requisitos y características que deberá tener el proceso constituyente en adelante, a saber: el periodo de tiempo que ha de mediar entre la decisión de abrir el proceso y la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente, el modo en que se elegirán los miembros que integrarán la Asamblea Constituyente, el tiempo de duración de la Asamblea, el modo de aprobación del texto, la forma en que puede participar la ciudadanía, las garantías de libertad de conciencia y expresión en la etapa de deliberación y los principios políticos a los que debe circunscribirse.

En el supuesto de que en cualquiera de los casos a y b, existiese un apoyo mayoritario la soberanía popular habría demostrado su voluntad de que se abra un proceso constituyente, ya sea exigiendo a la Presidencia del Gobierno la disolución de las Cortes Generales en un plazo marcado y la convocatoria de una Asamblea constituyente, o bien, en el caso de que se prefiera dotar de un mayor formalismo y rigor al proceso, la convocatoria oficial de un referéndum para que la ciudadanía vuelva a posicionarse al respecto.

 

3)    Etapa de Convocatoria y Deliberación

Una vez cumplida la fase anterior, siempre en el caso de que el pueblo se haya posicionado favorablemente, llega el momento en el que ha de abrirse el proceso constituyente, propiamente dicho, en los términos y condiciones aprobados.

Consta de tres partes

 

a)     Anuncio de Disolución Cortes generales y convocatoria a una Asamblea Constituyente en un plazo de 12 meses

Esta función le corresponde al Presidente del Gobierno, quien en obediencia al principio democrático de la soberanía ciudadana, está en la obligación política y moral de hacerlo.

En la Ley o Decreto de convocatoria a la Asamblea Constituyente deben estar claramente establecidos los requisitos expuestos que determinan el proceso.

 

b)    Periodo de deliberación y participación pública

Los procesos constituyentes deben servir para erradicar las deficiencias democráticas existentes en el sistema político todavía vigente. Si se pretende corregir los errores del pasado y dotar de verdadera legitimidad democrática al proceso que se inicia, la ciudadanía debe participar de manera responsable y activa en todas sus etapas . La creación de la nueva estructura político-jurídica que recogerá la redacción del nuevo texto constitucional ha de ser el resultado de la deliberación y la toma de decisión de los ciudadanos.

En ese sentido se hace insoslayable establecer un periodo largo interacción dialógica donde los ciudadanos y los actores políticos reflexionen y deliberen sobre las cuestiones fundamentales a la hora de configurar una nueva estructura político-jurídica. Es decir, sobre las distintas formas de Estado, (monarquía, república..), formas de gobierno (presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo) de administración territorial (sistemas centralistas, federalistas, etc.,), sobre el modo en que se eligen los poderes ejecutivo y legislativo (ley electoral), sobre la forma de elección del Poder Judicial, sobre el control recíproco que ha de establecerse entre los tres poderes del Estado (división de poderes), sobre los modos de participación directa del ciudadano en la creación de legislación y de control políticos a sus representantes, sobre la reaparición automática de su poder constituyente para que la legalidad y la legitimidad democrática caminen de forma paralela, sobre el uso de las herramientas digitales para implementar todas estas cuestiones, etc., y cualquier otro aspecto que afecte a la forma en que una sociedad se gobierna.

Esta etapa debe durar entre doce y dieciocho meses. Durante este tiempo la Administración ha de garantizar con todos sus medios la libertad de pensamiento y expresión, creando una esfera pública que, apoyada en las nuevas tecnologías, brinde a los ciudadanos la posibilidad de conocer y debatir todas las propuestas relativas a los puntos fundamentales descritos, al mismo tiempo que  presentan las suyas propias. Lo lógico es que tras varios meses de deliberación y debate, se hayan creado varios bloques de propuestas cuyas semejanzas les unan.

 

c)     Convocatoria a Cortes Constituyentes de acuerdo a las premisas demandadas

Tras dicho periodo de reflexión y debate se convocan elecciones a la Asamblea Constituyente, que será elegida por la ciudadanía con el único fin de redactar una constitución, de acuerdo al programa con el que cada diputado elegido se haya comprometido.

Esta selecciones no pueden estar monopolizadas por los partidos políticos. En primer lugar, porque la soberanía no reside en ellos, sino en la ciudadanía, lo que implica que los diputados a la Asamblea Constituyente deben ser, por encima de cualquier otra consideración, representantes de la sociedad y no únicamente de unas siglas de partido. En segundo lugar, no debe olvidarse que un proceso constituyente suele comenzar, y desde luego sería claramente el caso español, debido al descontento ciudadano con las normas de organización política cuya clase dirigente no sólo creó sino que además se muestra verdaderamente reticente a modificar. No sería coherente fiar la redacción exclusivamente a los mismos.

Por lo tanto, es necesario que los ciudadanos de a pie puedan tener la posibilidad real, no sólo teórica, de ser elegidos por su mérito y prestigio personal, por su destacado papel en la etapa de participación y deliberación en la esfera pública o porque gocen de la confianza de un número importante de sus conciudadanos. A una Asamblea Constituyente no pueden presentarse listas de partido. Cada ciudadano, sea o no miembro destacado de un partido político y cuente o no con el respaldo del mismo, ha de presentarse a título particular en una circunscripción uninominal a doble vuelta. A tal efecto deberá articularse un sistema de 400 circunscripciones uninominales. Cada candidato deberá hacer pública una propuesta de Constitución en la que se posicione obligatoriamente en todos los puntos debatidos en la esfera pública constituyente.

De este modo, los proyectos de Constitución que se presenten en la Asamblea Constituyente estarán directamente vinculados a las expectativas y necesidades de los ciudadanos, que así podrán erigirse en verdaderos factores soberanos, que soportan y sustentan el Poder Constituyente que se conforme.

 

4)      Etapa Asamblearia

Una vez creado el Poder Constituyente, mediante la Elección de los miembros de la Asamblea, comienza el proceso de discusión del Proyecto en sede parlamentaria. En el plazo de seis meses, los miembros habrán acordado, aprobado y sancionado la nueva Constitución, que tendrá que someterse a la ciudadanía a través de un referéndum. Aprobado éste, la nueva Constitución cobrará vigencia, se disolverá la Asamblea Constituyente y se convocarán elecciones a Cortes Ordinarias y a la Presidencia del Gobierno/Estado, en su caso, de acuerdo al nuevo texto constitucional.

 

5) Etapa Residual. El Poder Constituyente de los ciudadanos no desaparece al finalizar la etapa anterior, sino que se integra con el Poder Constituido mediante la inserción en el texto de la nueva Constitución de los mecanismos participativos aprobados que permitan su reaparición y libertad de acción en cualquier otro momento histórico.

 

 

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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