Presentación del Congreso de la Sociedad Civil, el viernes en el Centro financiero Génova de Madrid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MI PONENCIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN EL CONGRESO DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

Constituye un principio moral de la sociedad y una obligación política del Estado desarrollar los derechos participativos del ser humano en los asuntos públicos que le conciernen y que están reflejados en todas las declaraciones universales y de los derechos fundamentales del individuo.

La participación no es un derecho natural, se configura como un derecho público subjetivo y como una herramienta necesaria para garantizar los derechos naturales, cuya base es la razón universal. Pero se puede encontrar una justificación moral que exija su implementación. Siguiendo la estela de la metodología individualista del atomismo, la participación toma al individuo como el punto de partida social y político, y aunque permite que ésta descanse sobre el principio de la representación, no deja que su razón de ser pueda llegar a estar secuestrada por ésta. La participación política de la ciudadanía es una forma de entender la existencia colectiva para desarrollar ciertas capacidades del individuo en beneficio de la sociedad. Su legitimidad reside en la libertad de acción colectiva. Es el “government of the people, by the people, for the people” de Lincoln, que permite sintetizar en clave posmoderna las dos concepciones clásica y moderna de la libertad, recogiendo lo mejor de cada una, es decir, el átomo individual de la libertad política sobre el que estructurar la representación y el principio participativo espontáneo que opere en defecto de la anterior.

La participación, además, ofrece un componente educativo esencial porque conlleva asociado como valor intrínseco el sentido de pertenencia y de raigambre que una sociedad necesita, al mismo tiempo que realiza una rica aportación de universalismo y acción comunitaria frente a una visión individual siempre soberana pero a veces más obtusa a la hora de vislumbrar en el largo plazo los beneficios de la acción política.

 

Es además, una obligación política de los poderes instituidos de todo Estado democrático desarrollar el contenido de las principales declaraciones universales de los derechos fundamentales del ser humano en relación con los principios de participación política. La participación se  configura como  un derecho público subjetivo, en virtud, entre otros, de los artículos 21 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los artículos 9 y 23 de la Constitución española del 78, preceptos éstos que disponen de la tutela privilegiada del artículo 53 y que debería obligar a las instituciones a instrumentalizar un mecanismo transparente de canalización de la participación ciudadana sin el filtro interesado de la representación.

 

Dicho mecanismo debe desarrollase a través de dos vías fundamentales. Recuperando el ideal participativo del legado de la Atenas clásica y del humanismo republicano, y una vez recuperado, utilizándolo como una medida auxiliar del concepto de representación en lo que vendremos a llamar la libertad de acción política.

 

Sin representación, la sociedad civil no puede acceder al Estado si no es a través de lo que ha venido llamándose la tiranía de la mayoría.  Sin representación, no hay responsabilidad ni control del poder. Ahora bien, el modelo representativo  atraviesa una verdadera crisis de legitimidad, debido a que, por una parte, no se han aplicado bien sus principios, y por otra, a que se ha hecho necesaria, tras muchas décadas de estancamiento, una evolución que, aunque fije su mirada en el futuro, sea capaz de  recuperar algunos valiosos tesoros del pasado que han sido enterrados en el olvido.

 

La política del siglo XXI debe rescatar el ideal participativo clásico para aplicarlo al presente. E incorporarlo en la clave vanguardista que los nuevos tiempos requieren. El reconstituyente de la pálida representación no es otro que la vitamina de la participación. Muchos ciudadanos compartimos el sentimiento de que podemos contribuir más, influir más en los asuntos que nos afectan y le quitamos la razón a Schumpeter cuando afirma que la política compete sólo a quienes viven de ella. Los acontecimientos mundiales de los últimos meses han evidenciado lo que muchos ya sabíamos: que las revoluciones del siglo XXI en sus diversas morfologías tendrán como arma la participación ciudadana a través de la comunicación autónoma interactiva y que las redes sociales son la matriz desafiante de un sistema esclerotizado que debe ser reconstruido desde la base.

 

Hasta ahora, la libertad participativa no ha encontrado su cauce natural como complemento de la representación. No hay un solo sistema político que haya llevado hasta el final los principios de la democracia participativa. Ha llegado el momento.

 

La simbiosis entre la representación y la participación es sencilla de entender. La representación basa su legitimidad en el consentimiento de la sociedad que se implementa a través de la participación. Cuando la sociedad deja de consentir la representación política cede el mando a la participación ciudadana que lo administrará como considere oportuno, ya sea convocando nuevas elecciones, ya sea revocando cargos, ya sea anulando leyes vigentes o promoviendo una nueva legislación. La teoría de la activación espontánea del principio participativo de la sociedad justifica el cese de la representación en la medida en que ésta se fundamenta en el consentimiento. Cuestión que la sociedad civil debe reivindicar al Estado.

 

Así, si los representantes son plenamente conscientes de que dependen del consentimiento de la sociedad, es lógico que, preocupándose por ellos mismos, trabajen para ella.

 

Consiste también en una libertad que el ciudadano ha de poder desarrollar y articular cuando lo estime oportuno y bajo determinadas condiciones dialógicas, sabiendo que si desea ocupar coyunturalmente la posición de sus representantes, puede hacerlo. Significa que todo ciudadano tiene igualdad de oportunidades para llevar al orden del día de las decisiones colectivas los problemas que para él son importantes, tal y como nos enseñó el concepto clásico de isegoría. Implica que cada uno tiene igualdad de oportunidades para ver atendidos sus puntos de vista en los resultados de las decisiones colectivas.

 

Es lógico, por tanto, que los derechos participativos de la ciudadanía no puedan depender, en ningún caso, de la voluntad de los representantes a quienes pretenden sustituir puntualmente. Las reglas de juego políticas deben estipularse de tal modo que los ciudadanos puedan canalizar unilateralmente su libertad de acción cuando la mayoría así lo considere. En este punto se hace imprescindible ser taxativos, pues la ciudadanía no puede establecer concesiones a la representación sin renunciar a su libertad política.

 

En la legislación española, la participación y la deliberación brillan por su ausencia. La Constitución del 78 se encargó de limitar al máximo su expresión, camuflando bajo el disfraz de los referéndums y la iniciativa legislativa popular la flagrante limitación que estaba propinando a sus ciudadanos concediendo todo el poder y protagonismo a los partidos que la redactaron.

 

Con el objeto de complementar el modelo representativo, de contribuir a paliar su crisis de legitimidad y de dotar a nuestro sistema político de los canales de participación ciudadana acordes con la era de la sociedad red, consideramos necesario rediseñar nuestro ordenamiento constitucional a través de la fórmula posmoderna

 

Democracia = Representación + Participación + Deliberación + División de Poderes

 

cuyas aportaciones deben ir encaminadas fundamentalmente a:

 

a)   establecer los controles necesarios a los representantes

b)   facilitar la libertad de acción y el momento participativo

c)   habilitar un marco de máxima libertad de pensamiento y expresión que favorezca la toma de decisiones racional

 

 

Este esfuerzo de complementación, de búsqueda de sinergias democráticas, cuyo resultado ofrecería un incremento cualitativo de nuestra libertad política, puede realizarse a través de una propuesta de herramientas tecnológicas que conciten valores e ideales característicos de los modelos deliberativo y participativo que acaben complementando la teoría de la democracia representativa.

 

Las herramientas digitales que sugerimos deben incluirse en nuestra Constitución como mecanismos de participación ciudadana y estar desarrolladas mediante una ley orgánica.

 

Son las siguientes:

 

e-Voto

El voto electrónico se considerará perfectamente válido. Todo ciudadano tendrá derecho a emitir su voto por medios electrónicos, vía Internet. Una ley orgánica regulará las cuestiones técnicas que deben cumplirse.

 

El e-Referéndum  

Debe tener siempre carácter vinculante pues no es concebible que el resultado de la expresión de la ciudadanía no tenga fuerza legal, salvo que no haya superado un quórum mínimo de participación. Podrá ser promovido por una institución pública siempre que el asunto objeto de la consulta forme parte de sus competencias y su jurisdicción, y muy especialmente por un grupo de ciudadanos, sujeto a la misma premisa jurisdiccional -de ámbito geográfico- que entienda que debe hacerse una consulta ciudadana al respecto de un tema concreto y puntual. Por pura coherencia con las convicciones democráticas, no existirá ningún ámbito excluido de la posibilidad de ser sometido, incluido el propio orden constitucional, es decir, que el referéndum podrá tener carácter constituyente.

 

El inicio de los trámites para la consulta tendrá lugar con la recogida de las firmas electrónicas de los ciudadanos sujetos a la circunscripción o jurisdicción donde tenga eficacia jurídica la acción política, si se aprueba. El porcentaje mínimo de firmas electrónicas para que se inicien los trámites debería ser del 20% de la participación de los últimos comicios en dicha circunscripción electoral. El contenido literal de la consulta sujeto a la aprobación inicial del porcentaje mínimo de las firmas populares, no podrá modificarse en ningún sentido durante todo el proceso.

 

En el caso de que el referéndum fuera promovido por la ciudadanía, el papel del gobierno -local, autonómico o nacional- quedaría limitado a garantizar la transparencia y la imparcialidad de la consulta y a asegurar los medios técnicos suficientes para establecer los métodos deliberativos previos a toda convocatoria electoral online que más adelante se definirán. En todo caso prestará especial atención al modo en que se realiza la consulta.

 

La norma que regule el e-referéndum deberá establecer un quórum mínimo de participación en la votación para considerarla vinculante. Sugerimos un 50% del censo. El porcentaje de aprobación será del 50% más un voto de todos los emitidos.

 

Para evitar la sobreactividad de esta función consultiva, debería existir la prohibición durante cierto tiempo de someter a referéndum una cuestión que contradiga a otra que haya sido aprobada en referéndum. Para regular, custodiar y dirimir todas las cuestiones acerca de este procedimiento se  establecerá una Comisión electoral nacional dependiente del Ministerio del Interior. En caso de litigio, sólo podrá entender sobre esta materia el poder Judicial

 

 

 

La e-Iniciativa legislativa popular

Es la herramienta de la e-democracia por excelencia y contiene en su seno la esencia del momento participativo. Hace frente a la pasividad o a la negativa de los representantes a la hora de redactar y aprobar una ley que la ciudadanía considera necesaria. Podrá ser promovida por cualquier grupo de ciudadanos residentes en la jurisdicción donde tendría eficacia jurídica la acción política, si se aprobase, pudiendo ser éste local, comarcal, autonómico o nacional.

 

Para iniciar el trámite legislativo, la e-iniciativa legislativa popular deberá contar al menos con el respaldo de un número de firmas electrónicas igual al 25% de la participación de los últimos comicios en la jurisdicción electoral donde el proyecto legislativo vaya a tener eficacia, si la legislación a aprobar es de carácter ordinario, del 33%, si se trata de una ley orgánica, y del 40% si se tratase de una propuesta que requiera una reforma constitucional. El contenido literal del proyecto legislativo, sujeto a la aprobación inicial del porcentaje mínimo de las firmas populares, no podrá modificarse parcial o totalmente durante todo el proceso, salvo que el propio texto de la norma así lo indicase, siendo éste simple o formulado. En este último caso, se articularán los métodos deliberativos previos a toda convocatoria electoral online.

 

Superado esta primera fase, el proyecto legislativo se sometería a e-referéndum. Sugerimos un quórum mínimo de participación en la votación para considerar su eficacia jurídica en el caso de ser aprobada del 50% del censo. El porcentaje de aprobación será del 50% más un voto de todos los emitidos, excepto para la reforma constitucional que se precisará de un 67%.

 

El papel del gobierno local, autonómico o nacional quedaría así limitado a garantizar la transparencia y la imparcialidad de la consulta y a asegurar los medios técnicos suficientes para establecer los métodos deliberativos previos a toda convocatoria electoral online que más adelante se definirán. En todo caso prestará especial atención al modo en que se realiza la consulta. El poder legislativo no intervendrá en ningún momento del proceso.

 

 

La e-Revocación de cargos 

 

Es la plasmación real de la eficacia del mandato imperativo de los electores. La cuestión de cómo controlar al representante mientras ejerce su función es la verdadera clave para conocer lo que puede dar de sí desde el punto de vista democrático un sistema electoral. El representante, por medio de esta herramienta, adquiere consciencia de la fragilidad de su posición y de su debilidad respecto de aquellos que le otorgaron su confianza, no atreviéndose a traicionarla sin incurrir en el riesgo de ser cesado. No hay mejor forma de hacer trabajar a alguien por una causa, en este caso, sus votantes, que haciéndole depender de ella.

 

La acción podrá ser promovida por cualquier grupo de ciudadanos residentes en el ámbito electoral donde se vaya a iniciar la revocatoria del cargo electo, pudiendo ser éste local, comarcal, autonómico o nacional.

 

La iniciativa de la e-revocación deberá conseguir al menos el apoyo de un número de firmas electrónicas igual al 33% de la participación de los últimos comicios en la circunscripción electoral donde vaya a tener eficacia. Superada esta primera fase, la iniciativa se sometería a e-referéndum. La norma que regule el e-referéndum deberá establecer un quórum mínimo de participación en la votación para considerarla vinculante. También proponemos que sea el 50% del censo electoral. El porcentaje de aprobación será del 60% más un voto de todos los emitidos. Si en la fase de recogida de e-firmas se superase el 70% del total de votos posibles para la circunscripción donde deba operar la revocación, ésta se dará automáticamente por aprobada y deberá ser sancionada por el órgano legislativo competente para pasar a estar vigente en el plazo de un mes. En este caso, se producirá una nueva elección al cargo vacante que tendrá una duración por un tiempo igual al restante hasta la terminación ordinaria del mandato en cuestión.

 

 

La e-Disolución popular de las cámaras legislativas o del gobierno 

 

Supone la continuación de la revocatoria de cargo electo y otra manifestación tanto del mandato imperativo de los votantes como de su libertad de acción política ordinaria.

 

El trámite es similar al de la revocatoria. Podrá ser promovido por cualquier grupo de ciudadanos residentes en la jurisdicción donde vaya a tener eficacia la e-disolución, pudiendo ser éste local, comarcal, autonómico o nacional.

 

La iniciativa deberá obtener al menos el apoyo de un número de firmas electrónicas igual al 40% de la participación de los últimos comicios en la jurisdicción aludida.

 

Superada esta primera fase, la iniciativa se sometería a e-referéndum. La norma que regule el e-referéndum deberá establecer un quórum mínimo de participación en la votación para considerarla vinculante. Éste puede ser del 50% del censo. El porcentaje de aprobación será del 60% más un voto de todos los emitidos. Si en la fase de recogida de e-firmas se superase el 66% del total de votos posibles para la circunscripción donde deba operar la disolución, ésta se dará automáticamente por aprobada y se deberán convocar elecciones en el plazo de un mes.

 

El resto del procedimiento se regula de igual forma que la e-revocación de cargo electo.

 

 

El e-Representante

 

La representatividad y la responsabilidad, necesitan de la elección y el control (electoral e interelectoral). Antes de incoar un proceso de e-revocatoria de cargo electo es necesario disponer de razones evidentes que defender en el proceso deliberativo previo a la e-votación.

 

Las tareas que conciernen a los órganos ejecutivos están más provistas de publicidad online que las legislativas. La presidencia de gobierno o la mayoría de las alcaldías han articulado mecanismos digitales con los que dan a conocer al público los planes realizados y el presupuesto.

 

Sin embargo, los representantes de los cuerpos legislativos, como diputados, senadores, concejales, etc., no presentan a sus electores ninguna relación de actividades, propuestas, interpelaciones a sus gobiernos… Entendemos, por ello, que debe legislarse una norma que exija a cada representante mantener abierta una web oficial con vínculos a las redes sociales donde explique con todo lujo de detalles los siguientes puntos:

 

–    Programa electoral bajo el cual se presentó al cuerpo legislativo.

–    Relación de todos los ingresos recibidos, directa o indirectamente, para sí mismo o su campaña y las fuentes de los mismos, constituyendo un delito cualquier olvido u omisión.

–    Relación de actas con las votaciones a favor y en contra de los puntos expuestos en el programa electoral.

–    Sección dedicada a los votantes de su distrito o circunscripción para consultarles su opinión sobre aquellos aspectos de relevancia que no hayan sido recogidos en el programa electoral.

–    Sección dedicada a responder a todo tipo de preguntas políticas relacionadas con el distrito o circunscripción que los votantes deseen hacer.

–    Relación de actividades llevadas a cabo durante toda la legislatura dividido en semanas

–    Despacho semanal en directo online con los electores, a través de un chat, para tratar sobre los mismos temas

–    Reunión bimensual en persona con los electores en el distrito o circunscripción electoral. El lugar debería ser un centro cívico o cualquier otro edificio público.

 

 

El incumplimiento por parte del representante de esta norma conllevaría sanciones e incluso, en los casos de dejación de funciones, la revocación del cargo por vía judicial. Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones deberá articularse una serie de comisiones ciudadanas en cada ámbito local, regional y nacional seleccionando por sorteo a los miembros de la sociedad civil que se presenten. Para regular los aspectos concernientes a este caso, debería existir un tribunal dependiente del Poder Judicial, formado por magistrados.

 

 

La e-Cámara

 

No nos detenemos en este punto porque los cuerpos legislativos, especialmente los nacionales y autonómicos, ya disponen de mecanismos online para mostrar su actividad ordinaria y extraordinaria. Bastaría decir que los todos ayuntamientos deberían transmitir en directo sus sesiones, comisiones y plenos a través de una web municipal, que a su vez contuviera una hemeroteca de todas las sesiones anteriores.

 

 

El e-Control

 

Se articularía de la siguiente manera:

 

 

1)     Demanda de Rendición de Cuentas

Permite al ciudadano interpelar a sus representantes al respecto de la ejecución de los presupuestos y el uso de los recursos propios. Los sujetos pasivos suelen ser aquellos sobre quienes recae también la posibilidad de ser revocados de su cargo, es decir, alcaldes, concejales, etc. Un número determinado de firmas, así como un pliego interpelatorio son necesarios para abrir el procedimiento.

2)     Comisión de Investigación

Independientemente de lo que hagan los representantes en el poder legislativo, la ciudadanía podrá abrir comisiones de investigación al poder ejecutivo presentando, al menos, un número de firmas electrónicas de votantes registrados igual al 25% de la participación de los últimos comicios en la circunscripción electoral donde vaya a tener eficacia. Sorteado este trámite, se abrirá una comisión de investigación formada por representantes elegidos entre ellos de acuerdo a la representación proporcional parlamentaria a quienes se unirán el Defensor del Pueblo, el Secretario de las Cortes o del Ayuntamiento, un letrado del órgano legislativo si existiere y un juez ordinario.

 

La e-Deliberación

Concedemos una importancia capital a la interacción ciudadana, no sólo a la hora de emitir sus votos sino en el momento de confeccionar intelectualmente sus razonamientos, por medio de métodos deliberativos en vivo y online. Previamente a toda e-votación deberá existir un periodo de reflexión y contraste de opiniones en el que cada persona o grupo que lo desee podrá hacer llegar al resto de electores su argumentación razonada sobre el tema a decidir. El objetivo es que su voz sea escuchada y considerada antes de que se produzca la votación. La Administración competente -local, autonómica o nacional- deberá asegurar los medios técnicos suficientes para establecer con la máxima imparcialidad los métodos deliberativos más apropiados. Coincidimos con Habermas cuando sugiere la creación de un grupo de asociaciones independientes del Estado en la sociedad civil -esfera pública u opinión pública- en las que se esté implicada la ciudadanía para la formación de opiniones y de voluntades políticas a través del uso de procedimientos democráticos en un entorno idóneo para el debate.

Debe existir la posibilidad de que se cree una verdadera opinión pública, no la opinión de unos pocos vertida sobre el público, que, desgraciadamente, es lo que ha ocurrido hasta el momento, aunque la sociedad del conocimiento se está encargando de solventarla paulatinamente. Las nuevas tecnologías de la comunicación pueden devolver a la esfera privada la opinión pública para que ésta vuelva al lugar del que partió en el s. XIX.

 

 

 

Por todo ello, sometemos a la consideración del Congreso de la Sociedad Civil pidiéndole que se posicione con su voto, los siguientes tres puntos:

 

1)       INSTAR al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, difusas depositarias de la soberanía popular, a que implementen estas herramientas digitales de democracia participativa a fin de poder dignificar su función de representantes de la ciudadanía, ser coherentes con el ideal democrático y demostrar su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos.

 

2)     INSTAR al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a que implementen estas herramientas digitales de democracia deliberativa

 

3)     Esto implica necesariamente INSTAR también al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a abrir las puertas a un proceso constituyente que por primera vez en España cuente con la participación de los ciudadanos y que consista en cuestionar el sistema político actual, deliberar en libertad sobre las distintas soluciones que desde la sociedad se vayan proponiendo y  tomar las decisiones que determine la voluntad mayoritaria.

 

4)     Al tratarse de propuestas transversales y sin ideología, con las que podríamos estar de acuerdo todos los españoles, ABRIR vías de entendimiento con todo el asociacionismo para exigir la inmediata implementación de los puntos anteriores en el caso de no ser atendidos por el Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales

 

 

 

 

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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