LA CONSTITUCIÓN ISLANDESA, PROS Y CONTRAS

Por el hecho de haber sido promovida en las condiciones que ya conocemos, redactada bajo los principios que hemos apuntado y diseñada para ser implementada en un país a mitad de camino entre Europa y E.E.U.U., la Constitución de Islandia albergaba muchas esperanzas. No es un fracaso ni mucho menos, pero podría haber sido un poco más ambiciosa en la participación y más cautelosa respecto al poder.

Sin duda, lo más apreciable de la nueva Constitución islandesa es la forma en que se ha redactado. El proceso constituyente ha sido, hasta ahora, el más democrático de cuantos hayan existido y se puede decir que el texto redactado es obra del pueblo.

Distinto es el hecho de conocer si la libertad política del pueblo ha quedado plenamente garantizada, es decir, si se ha implementado un sistema totalmente democrático donde exista el principio representativo, la división radical de los poderes del Estado y la participación plena como herramienta sustitutiva y destitutiva de la representación.

A través de la soberanía popular se ha decidido que Islandia sea una República parlamentaria y no presidencialista, porque pese a tener un presidente elegido directamente por el pueblo en la jefatura del Estado, éste no dispone del poder ejecutivo. Es el primer ministro quien lo ostenta y al ser elegido por el Parlamento y no directamente por los ciudadanos, termina dependiendo del Poder Legislativo, pudiendo dar paso de nuevo a los atropellos que han sufrido hasta ahora los islandeses y curiosamente, aquello de lo que han querido blindarse con esta nueva Constitución. Sin una independencia clara entre ellas, la función de legislar y la de ejecutar pueden confluir en los mismos intereses y generar despotismo. Si al menos hubiese un Parlamento muy dependiente de los electores a través de la figura del diputado de distrito o distrito uninominal como es el caso del Reino Unido, al que se le sumase el principio del mandato imperativo y la revocatoria (como defiendo en mi libro) todavía se podría garantizar la libertad política, pero los islandeses han optado por un sistema proporcional de listas abiertas y dos tipos de distritos, uno nacional y otro regional que cabe la posibilidad de modificar en distritos uninominales a través de una ley todavía por aprobar y que en ningún caso superará el 49% de los escaños del Althingi (Parlamento).

De poco sirve la posibilidad de revocatoria del presidente de la república vía referéndum y a iniciativa del Althingi si el jefe del Estado tiene un más que humilde poder ejecutivo. Su único poder consiste en vetar las leyes emanadas del Parlamento después de una pormenorizada justificación y someterlas a referéndum.

Por otro lado el texto menciona la independencia del Poder Judicial y sin embargo tampoco la garantiza, porque al parecer la elección corresponde al ministro de Justicia en cumplimiento de una ley a desarrollar.

En cuanto a la participación ciudadana en un primer momento parece que la redacción haya sido muy sensible a la iniciativa ciudadana permitiendo aspectos como que el 10% de los votantes puedan exigir un referéndum nacional sobre las leyes aprobadas por el Althingi, que un 2% de los votantes pueda realizar una petición al Parlamento y que otro 10% esté habilitado para presentar una iniciativa parlamentaria a través de la cual se pueda aprobar una ley. Para este último caso el Parlamento podrá elaborar una ley alternativa a la presentada y si el proyecto ciudadano no se retira, ambos serán sometidos a referéndum. Lo llamativo es que después de articular muy buenos mecanismos de participación ciudadana con los que sustituir al Poder legislativo en el caso de que se muestre poco empático con sentir popular, acabe dejando a éste la posibilidad de considerar los referéndum consultivos o vinculantes. Parece increíble pero es así.

Además, alejan de la posibilidad de referéndum las cuestiones económico fiscales. A mi modo de ver, este tipo de asuntos, que están sujetos a una mayor posibilidad de sufrir la acción de la demagogia y el oportunismo -podemos ver el ejemplo californiano como paradigma de los que no se debe hacer con la democracia directa- deben contar con un apoyo mucho mayor que otro tipo de legislación pero no me parece correcto aislar al ciudadano de su capacidad soberana.

En relación con los asuntos económicos, me parece correcto que todo gasto tenga que encontrar su partida presupuestaria aprobada previamente y que cualquier desvío deba ser aprobado por ley. Incluso creo que podría haberse avanzado todavía más en el rigor presupuestario, prohibiendo salvo en casos de emergencia nacional acometer gastos por encima de los ingresos.

Tres últimas cuestiones. El legislador ciudadano, pese a proclamar la igualdad de oportunidades como principio fundador del Estado, no parece haber resistido a la moda igualitaria de género, como si la mujer no estuviese incluida en el mismo principio de igualdad de oportunidades. Por otra parte, alegra ver cómo los partidos no encuentran en la Constitución financiación pública, pero desconcierta la idea de que podría acabar refugiándose bajo una ley ordinaria u orgánica, al no estar expresamente prohibida en el texto constitucional.

Finalmente, descorazona contemplar cómo una constitución elaborada con tantísima participación y deliberación populares, ya en pleno siglo XXI, no hace la más mínima mención a la e-democracia, a las herramientas digitales y al voto electrónico. Quizá haya pensado dejarlas para el siglo XXII.

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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