EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN, EL MÁS APROPIADO PARA REIVINDICAR SU REVISIÓN

 

La mejor noticia, dentro de lo que cabía esperar, es que no haya noticia. Como dicen los anglosajones, “no news are good news” y en esas estamos en relación con la conmemoración del XXXIII aniversario de la Constitución del 78. Casi ninguna portada de los diarios nacionales se ha hecho eco de lo que en su momento estaba señalado como un día especial, digno de toda celebración.

No news are good news. Claro que habría sido mejor “news” que “no news” pero todavía no ha llegado el momento de que los grandes medios de comunicación comiencen a lanzar la idea de que esta Constitución que unos pocos neofranquistas poderosos pactaron en secreto con una oposición poco representativa de la sociedad necesita una reforma en profundidad. Resumamos: el pueblo español, que aún hoy confunde las libertades civiles con la democracia, se enteró de que había una Constitución precocinada el día que le llamaron a ratificarla. No había votado a un solo redactor de la misma, pues las Cortes que se auto otorgaron el encargo de redactarla, no habían sido elegidas a tal fin. Era simples Cortes ordinarias que de repente se convirtieron en una Asamblea constituyente, cual jacobinos, y en secreto fueron negociando los intereses de los grupos políticos allí presentes.

No es de extrañar que las cosas salieran como han salido. Por encima de todo, la Constitución refleja un blindaje absoluto de las fuerzas redactoras a través del sistema de listas que garantiza la provincia como circunscripción electoral, y no la ley D´hont como creen muchos, y la financiación pública exclusiva para los partidos políticos que habían obtenido representación, es decir, para los que estaban redactando la Carta Magna. A partir de entonces, y con la excepción de la UCD que se disolvió en favor del PP (entonces AP) y PSOE, esos partidos iban a disfrutar, en régimen de monopolio, de la libertad política en España. Ellos pondrían y depondrían al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Ellos mismos nombrarían a las altas instancias del Poder Judicial. Si podemos definir la libertad política (democracia) como la capacidad del pueblo para poner y deponer a sus gobernantes, al mismo tiempo que se les hace cumplir la ley, podemos contemplar con nitidez quién dispone realmente de ella. Y quién no, pese a que acuda masiva e ingenuamente a la urnas cada vez que le convocan a “ejercer sus derechos”, aun sabiendo que aquellos candidatos a quienes va a seleccionar han sido elegidos por sus jefes muchos meses antes. Con toda la libertad posible y por lo tanto sin posibilidad real de ser controlada no es difícil, atendiendo a una concepción no rousseauniana de la condición humana, imaginar los desmanes que paulatinamente se iban a producir como consecuencia lógica del descontrol de lo que se ha venido constituyendo como una casta al margen del pueblo. No es que los políticos sean seres malvados, probablemente hay personas con muy buenas intenciones. Pero en un sistema en el que se saben al margen de todo tipo de control, es una consecuencia consustancial al ser humano que éste tienda a abusar del poder, tal como tan magistralmente nos enseñó Montesquieu, a quien quiso rematar Alfonso Guerra en 1985.

Además del blindaje de la oligarquía redactora, se iba a producir, para colmo de desgracias, un acontecimiento colateral. El reparto territorial de las prebendas a través del título VIII. Al integrar ese consenso las partes nacionalistas, se decidió reproducir en cada Autonomía, en un proceso gradual de asunción de competencias, los mismos vicios que rezumaba el Poder central. En vez de uno, iba a haber 18 poderes incontrolados, con sus respectivas castas y sus consiguientes déficits públicos. De esta situación no se ha excluido ninguno de los partidos redactores. Allá donde han gobernado, especialmente en las CCAA y ayuntamientos de importancia, han dejado un socavón presupuestario que nos ha costado la ruina.

Insisto porque me parece fundamental esta idea. Si en vez de las personas que han formado parte de lo que se llama la casta, hubiesen sido otras, nos encontraríamos en la misma situación porque la culpa, bien lo sabía Montesquieu, es del sistema que lo permite y lo motiva.

Luego es fundamental que la principal tarea política que los españoles debemos acometer para salir de la situación miserable en la que nos encontramos sea la de reformar la ley política que permite cuanto he intentado explicar de la forma más sencilla posible. Es decir, la Constitución de 1978. Y reformarla sujetándonos a una sola máxima: que se cuente desde el primer momento del proceso de reforma o revisión con los ciudadanos, de forma que seamos nosotros los que debatamos y decidamos a qué reglas de juego deseamos someternos. Islandia es un buen ejemplo de cómo debe realizarse un proceso constituyente.

Para esta ingente tarea debemos unirnos todos los españoles, sin importar la adscripción ideológica, el origen cultural o la ubicación geográfica. Todos juntos podremos exigir al poder que comience el proceso de reforma. Todos unidos demostraremos nuestra fuerza, nuestro poder constituyente. Con este fin, Tercera Urna pretende convocar una gran consulta ciudadana el próximo 6 de diciembre de 2012, en principio online pero quizá también de manera presencial, con la que plasmar la fortaleza de la unión y el poder del argumento que poseemos.

Confiamos en que la blogosfera nos ayude a difundir el plan, sin la sociedad del conocimiento esta idea sería inconcebible. Pero también debemos contar con los grandes medios de comunicación social. El hecho de que no hayan festejado el acontecimiento implica hasta qué punto comienzan a ser conscientes de la necesidad de cambio. Por eso hoy “no news are good news”. Es nuestro deber cambiar la tendencia para poder decir el año que viene “news are good news”

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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