El Congreso de la Sociedad Civil


Un congreso da para mucho y para muy poco. Siempre ocurre. Habitualmente confirma el trabajo realizado previamente por un grupo de personas que tienen una idea o un proyecto. Y no suele abordar las estrategias para lograrlo.

En el caso del 1er Congreso de la Sociedad Civil ha quedado meridianamente claro que las personas que han trabajado y contribuido bajo el liderazgo de Mario Conde para celebrarlo tienen una idea bastante clara de España. La inmensa mayoría coincide en el diagnóstico: España atraviesa una verdadera crisis económica, política y social. Coincide también en que las soluciones deben estar basadas en la prócura de un sistema que prime una sociedad civil vigorosa, competitiva y vanguardista, un Estado financiable, una nación unida y muy especialmente, una ciudadanía que se constituya en objeto y en sujeto de la acción política.

Más de 1,000 personas venidas de toda España nos dimos cita en Madrid con la intención de lanzar a la esfera pública esa idea de España. La primera parte, consistente en preparar intelectualmente unas propuestas que en ningún caso han sido recogidas en los programas de precampaña de los principales partidos, está ya conseguida. La siguiente fase, la de llegar a toda la sociedad para que conozca su potencia y la compare con la futilidad de los programas de la partidocracia, va a depender de dos cuestiones fundamentales: de la capacidad de la propia organización para penetrar las redes sociales y del eco que se hagan los principales medios de comunicación. La verdad es que confío mucho más en la primera que en la última.

 

CONCLUSIONES APROBADAS

1. Reforma constitucional que reconozca y potencie la Iniciativa legislativa popular, con: Reducción del número de firmas acreditadas necesarias; extensión de la iniciativa a materias propias de ley orgánica y de reforma constitucional; simplificación del procedimiento de presentación y de tramitación parlamentaria de la iniciativa popular; y finalmente, reconocer la iniciativa legislativa popular revocatoria de leyes aprobadas por el Parlamento.

 

2. Reforma constitucional para la independencia judicial, por la que ningún militante de partido ni miembro de Gobierno y asimilados, puedan acceder al ejercicio de la función jurisdiccional.

 

3. Transformar el actual Estado de las Autonomías y en general, crear una organización territorial del Estado eficiente susceptible de ser costeada.

 

4. Reducción del número de Ayuntamientos allí donde el tamaño, la viabilidad económica y la proximidad, aconseje agrupar varios municipios y pedanías bajo un único órgano rector.

 

5. El Articulo 2 de la Constitución. deberá quedar redactado como sigue: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la igualdad y el derecho a la solidaridad, entre todas las regiones y provincias de España.”

 

6. El Articulo 3 de la Constitución, en sus apartados 1 y 2, quedará redactado del modo siguiente.

 

             6.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Su enseñanza, uso y      aprendizaje es irrenunciable.
             6.2. Las demás lenguas españolas gozarán de protección estatal, pudiendo ser            objeto de enseñanza y aprendizaje como segunda lengua a elección de los  progenitores, pero nunca en detrimento del idioma oficial de España.

 

7. Una nueva ley del Referéndum Popular, tanto consultivo como vinculante, ampliando las materias que puedan ser objeto del mismo, modificando las mayorías necesarias para su convocatoria y su aprobación, introduciendo los medios de la era digital en la que actualmente vivimos, constituyendo Internet una herramienta necesaria y práctica para el voto no presencial, con todas las garantías.

 

8. Sistema financiero: Recapitalización con fondos públicos de las entidades financieras que lo necesiten,incluso nacionalizándola si fuera preciso, siempre antes del 31 de diciembre de 2011. Aprobación de límites a la compra de deuda pública.

 

9. Reforma del sistema de convenios colectivos, para que dejen de ser obligatorios.

 

10. Obligación de que Sindicatos y Asociaciones empresariales presenten sus balances y cuentas de resultados en el registro mercantil, como hacen la totalidad de empresas y otro tipo de entidades empresariales y fundaciones en España.

 

11. Supresión de las subvenciones generalizadas por parte de todas las administraciones a todo tipo de empresas, fundaciones y organismos, salvo casos claros, y expuestos públicamente.

 

12. Transferir el sistema de formación de los trabajadores, es decir, las políticas activas de empleo, a un organismo dependiente del Ministerio de Educación, sin intervención sindical.

 

13. Reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal, en todos los aspectos que limitan su independencia.

 

14. Introducir modificaciones en el sistema de financiación de las elecciones, estableciendo límites a los gastos electorales, perfeccionando el sistema de control por parte del Tribunal de Cuentas.

 

15. Reforma del Sistema Electoral Español, en orden a consagrar, incluso constitucionalmente, el principio democrático de “un hombre, un voto y con el mismo peso político.”

 

16. Instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, para que implementen herramientas digitales de democracia participativa y deliberativa.

 

17. Eliminación de cualquier estatuto jurídico privilegiado para la clase política.

 

18. Responsabilidad civil, o penal, para todas aquellas personas  que gestionen irresponsablemente, o irregularmente, fondos públicos.

 

19. Eliminación de la financiación publica de los partidos políticos, sindicatos, patronales, fundaciones de partidos y ONGes de dudoso servicio a la sociedad.

 

20. Establecimiento por Ley de penas muy severas para aquellos jueces y fiscales que con abandono del derecho,  dicten resoluciones o actúen por servilismo político o por motivos espurios de las personas físicas que encarnan el poder judicial en cada momento.

 

21. Realizar una profunda reestructuración de las funciones y cometidos del Estado. Recuperar el principio de excelencia en la Administración Pública. Recuperar el principio de Administración Única y eficiente, descentralizando funciones para acercar el control del poder a los ciudadanos.

 

22. Sin censura previa, se reclama una ley que regule la actividad de los medios de comunicación y que establezca responsabilidades civiles y penales capaces de disuadir de la utilización torticera de su poder, especialmente cuando se usa en calidad de terminal mediática de los partidos políticos.

 

23. Creación de una Facultad Universitaria de Administración Pública con el grado de licenciado para la formación de los futuros funcionarios, sin perjuicio de tener que superar las oposiciones que puntualmente se convoquen para los puestos específicamente demandados en cada convocatoria.

 

24. Arbitrar el sistema para que cada electo responda directa y personalmente de sus decisiones políticas ante sus electores, al margen de cual sea el partido político que lo nomine.

 

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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