#consultaciudadana2012

DOCUMENTO BASE PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA CONSULTA CIUDADANA QUE DEMANDE LA REVISIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

 

1)     INTRODUCCIÓN

a)     Necesidad de una reforma política

b)     Imposibilidad de promoverla por las vías establecidas

i.          Falta de interés de los poderes establecidos para promoverla

ii.          Inexistencia de verdaderos cauces participativos legales

iii.          Necesidad de promover la vía de la legitimidad democrática

 

2)    OBJETIVO

3)    REQUISITOS

a)       Concreción en el objetivo

b)       Transparencia e imparcialidad en el proceso

c)       Establecimiento de un periodo prudente de reflexión y deliberación previa

 

4)    ESTRATEGIA

a)       Adhesión para la fundación de la Plataforma

i.          Mínimo número de adhesiones antes de fundar la Plataforma

ii.          Tiempo para conseguir las adhesiones

b)       Fundación de la Plataforma por todos los colectivos adheridos

i.          Establecimiento de la estructura y organización del trabajo

  • Asamblea Gral.
  • Delegación Permanente
  • Creación de Áreas de Trabajo
    • Área de Expansión en la Red
    • Área de Expansión territorial
    • Área de Expansión en los medios
    • Área de recogida de firmas electrónicas
    • Área de recogida de firmas físicas
    • Área de Financiación de la estructura

ii.          Organización de la Campaña electoral

  • Logística de campaña
  • Mensajes finales
  • Financiación de la campaña

 

5)    Texto y firmas de Adhesión para formar parte de la Plataforma

 

 

 

 

 

 

1)     INTRODUCCIÓN

 

a)        Necesidad de una reforma política

 

España atraviesa uno de los momentos más críticos de su existencia. Realizando un análisis con un mínimo de rigor se puede comprobar que nuestra situación no es debida simplemente a las crisis de las burbujas inmobiliaria y financiera, ni tampoco al ciclo depresivo actual de la economía mundial. La fortaleza de la sociedad civil española y los quince años (1990-2005) de crecimiento de crecimiento internacional ininterrumpido han podido enmascarar durante varios años lo que en otro caso habría aflorado con mucha anterioridad.

 

En el origen de nuestro dolor endémico subyacen razones que traen causa en factores de hondo calado institucional. La razón fundamental es que el sistema político español adolece de una serie de vicios arrastrados desde la Transición que lo inhabilitan para considerarlo una auténtica democracia. Y constituye un axioma lógico que, si los gobernantes no dependen de la ciudadanía porque ésta, en realidad, no les elige y controla, y porque al mismo tiempo está impedida legalmente para participar en las cuestiones públicas, no se debe esperar que éstos últimos acaben trabajando para ella. Una sociedad cuyo sistema político permite y fomenta que su clase dirigente viva al margen del ciudadano, está abocada, más pronto o más tarde, al fracaso político, económico y social.

 

Desgraciadamente, no son ejemplos los que nos faltan para demostrar lo anterior. A tenor de los datos objetivos arrojados por las cifras estadísticas podemos afirmar que los distintos gobiernos de España, debido a una política desastrosa de desenfreno del gasto público, al coste de la enorme deuda pública nacional, a la pérdida de competitividad de las empresas y de renta real per cápita de las personas, a haber dedicado el tiempo a mirarse el ombligo y a las políticas clientelistas de la partidocracia en vez de buscar vías reales de crecimiento sostenido, después de treinta años de libertades civiles pero no políticas han cosechado unos resultados tan desalentadores como fácilmente resumibles: el desempleo es sangrante, especialmente para los jóvenes y trabajadores no cualificados. Nuestros mayores han visto cómo se ha alargado su edad de jubilación y reducido sus pensiones. La renta de las familias ha caído entre un 20% y un 30%. Casi el 50% de la población es mileurista y diez millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza.

 

Esta serie de despropósitos acumulados tiene en la oligarquía de partidos existente, sin diferenciar la izquierda de la derecha, a su principal protagonista. En el camino hacia el abismo social, cada uno de los partidos alternantes ha dado un paso más con el fin de conquistar el poder ejecutivo: en el desastre autonómico, en el insostenible gasto público, en la pesada deuda acumulada descontadas las privatizaciones, en el desdén hacia la falta de productividad real, en la ausencia de creatividad, en el incremento de la mediocridad de los dirigentes…siempre trabajando en su propio beneficio y dando la espalda a la ciudadanía y al interés general.

 

Los que suscribimos estas palabras, somos conscientes de que un simple cambio en la gestión de gobierno no modificará sustancialmente la trayectoria irreversible hacia mayores cotas de pobreza nacional, con los consiguientes recortes sociales que producirá, ni mucho menos será capaz de enmendar los muchos vicios que arrastra nuestro sistema político, auténtico origen de la mayoría de los desmanes que nos asolan.

 

Los problemas que afronta España no dejarán de existir mientras no se revise el actual régimen político oligárquico en favor de otro más democrático en el que el ciudadano se encuentre verdaderamente representado, existan mecanismos legales que garanticen el control al poder político y se articulen auténticos cauces de participación ciudadana. Pero muy especialmente, y de acuerdo con este último punto, la situación no encontrará respuestas a sus dificultades mientras los españoles no seamos los que, sin ningún tipo de imposición, nos otorguemos las normas políticas y de convivencia que consideremos oportunas y óptimas para nuestro desarrollo en sociedad.

Transcurridos más de 30 años de vigencia constitucional, parece obvio que la Constitución española de 1978 necesita un revisión de acuerdo a los criterios democráticos aquí observados. Una revisión realizada por el ciudadano y para el ciudadano que consistiría en cuestionar lo existente, deliberar en libertad sobre las distintas soluciones que, teniendo origen en el seno de la sociedad, se vayan proponiendo y posicionándonos volitivamente al respecto.

 

 

b)     Imposibilidad de promoverla por las vías establecidas

 

En todo proceso de revisión constitucional se pueden advertir dos vías. La vía institucional y la vía de la legitimidad. La vía institucional se articula a través de los mecanismos de revisión o de reforma que una constitución establece sobre sí misma. Habitualmente estos mecanismos se circunscriben a los posibles acuerdos del poder legislativo, sin cuya voluntad es imposible comenzar un proceso de revisión constitucional. Los sistemas políticos más avanzados democráticamente prevén en sus constituciones cauces participativos a través de los cuales una mayoría ciudadana puede unilateralmente, si logra los apoyos suficientes de entre la sociedad, incoar un proceso de reforma o revisión constitucional.

La vía de la legitimidad consiste en demostrar a las instituciones públicas, habitualmente recelosas a todo cambio que puede afectarles y sordas a las demandas ciudadanas no articuladas, que existe el deseo ciudadano evidente y mayoritario de promover una revisión del sistema político vigente.

 

 

i.     Falta de interés de los poderes establecidos para promoverla

 

 

En el caso español, la vía institucional para una revisión profunda de la Constitución del 78 establece como único cauce el acuerdo de 2/3 partes del Parlamento, la convocatoria y designación, previa disolución de las anteriores Cortes ordinarias, de unas nuevas Cortes constituyentes, la aprobación de 2/3 partes de éstas del texto redactado resultante y la posterior aprobación del mismo por referéndum.

 

Estas características particulares de nuestro ordenamiento jurídico hacen obvia la deducción de que una revisión constitucional precisa de la voluntad de las instituciones políticas. Si ésta no existe, o incluso si es minoritaria, la posibilidad institucional queda ahogada en el fluido de la legalidad.

 

Y esto es, precisamente, lo que está ocurriendo en estos momentos. Las demandas ciudadanas respecto a la necesidad de revisar nuestro sistema político se encuentran angostadas en el cuello de la botella institucional, cuya voluntad de cambio es prácticamente inexistente.

 

Aspecto que no hace sino contribuir y dotar de coherencia a la idea cada vez más extendida de que la clase política se comporta como una oligarquía que vive de espaldas al pueblo.

 

 

 

ii.     Inexistencia de verdaderos cauces participativos legales

 

Por otra parte, la constitución española es tan restrictiva en cuanto a los cauces de democracia participativa que el ciudadano no tiene posibilidad alguna de promover de manera unilateral cambios en la legislación ordinaria, pues necesita de la aprobación y tutela del Parlamento en su tramitación y aprobación final, cuestión mucho más acentuada cuando se trata de la materia constitucional. Queda relegada así toda aspiración ciudadana, por muy mayoritaria que sea, de revisar su propia constitución por la vía institucional, a la mera esperanza de que algún día algún partido tenga a bien promover algún pequeño cambio que no altere excesivamente el statu quo.

 

iii.     Necesidad de promover la vía de la legitimidad democrática

 

Ante tal situación de impotencia legal/institucional, sólo queda la vía de la legitimidad democrática. Si la sociedad española demostramos por medio de una consulta ciudadana no vinculante legalmente, que existe un todo un clamor popular para revisar la redacción actual de la Constitución del 1978 sobre la base de intentar mejorar la representación y el control de la clase política y de otorgarnos verdaderos cauces de participación política en el futuro, incluyendo la posibilidad de reforma constitucional, y este clamor resulta ser absolutamente mayoritario, habríamos conquistado la hegemonía política, cuestión previa a todo desenlace político de importancia.

 

Pues no hay poder político, y menos aún en Occidente, que pueda hacer caso omiso a peticiones concretas de la ciudadanía si éstas están sustentadas sobre una sólida mayoría y articuladas en torno algún procedimiento fácilmente mensurable. En otras palabras, si la sociedad española demuestra oficiosa pero mayoritariamente que habita en su sentimiento el ferviente deseo el revisar su sistema político, no habrá fuerza legal que se resista a aceptarlo, aunque sea con suma resignación.

 

Ahora bien, la cuestión aunque sencilla, no es absoluto fácil de conseguir. En el camino de esta segunda Transición promovida por la ciudadanía, es necesario cruzar una serie de hitos y condiciones políticas que dotan de sentido y otorgan carta de naturaleza a lo que se consideraría como una verdadera demostración ciudadana de su deseo de revisar nuestro actual sistema político. Hitos parciales sin cuya consecución, resultará imposible la transformación o revisión de nuestro ordenamiento constitucional.

 

Por eso es fundamental concretar al máximo, sin caer en la exhaustividad, el objeto y la estrategia de esta consulta ciudadana.

 

2)    OBJETIVO

El fin de esta iniciativa es el de unir al mayor número de ciudadanos en la exigencia a los poderes públicos para que se abra un proceso de revisión constitucional. Esta demanda mayoritaria de la ciudadanía quedará evidenciada y dotada por tanto de legitimidad democrática, a través de la convocatoria de una consulta popular.

 

3)    REQUISITOS

a)       Concreción en el objetivo

 

Un proyecto de tan hondo calado político necesita ser capaz de convocar a un gran número de ciudadanos. En su origen no cabe ideología, raza, religión, modelo de gobierno, Estado o Administración. En él caben  todos los españoles, de izquierda y de derecha, centralistas y  federalistas, republicanos y monárquicos, laicos y religiosos, tradicionalistas y posmodernos, ecologistas, etc., cuyo objetivo inicial sea exigir la apertura de un proceso de revisión constitucional.

 

Éste es el único objetivo, exigir la apertura de un proceso de revisión constitucional y tener la seguridad de que en dicho proceso se garantizará la participación ciudadana y el debate en libertad sobre las distintas soluciones que se propongan a nuestro problema de déficit democrático.

 

Una vez abierto el proceso y garantizada la participación ciudadana y la libertad de pensamiento, expresión y deliberación, cada ciudadano optará por las propuestas constitucionales que más le atraigan. No es en absoluto objeto de esta iniciativa la defensa de ninguna forma de Estado, gobierno, Administración, fórmula electoral o modelo de sociedad, que se concrete más allá de la defensa de los derechos universales y de los principios de representación, control y participación mencionados.

 

Por esta razón, la consulta que el proyecto debe hacer a la ciudadanía se circunscribe a una sencilla pregunta:

¿Cree usted que ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la apertura de un proceso de revisión de la Constitución del 78?

 

Preguntar por otras cuestiones supone traicionar el espíritu de este proyecto democrático, dividir a los españoles en su afán reformador y dificultar extremadamente el éxito de los resultados

 

 

 

b)       Transparencia e imparcialidad en el proceso

 

La envergadura y ambición de la iniciativa requiere la exigencia de los más exigentes cánones de transparencia e imparcialidad. Diversas son las razones.

 

En primer lugar porque la imagen de la consulta ciudadana cuyo fin consiste en profundizar en el sistema democrático español quedaría seriamente dañada si no garantizan estos dos principios.

 

En segundo lugar, porque sin ellos, no se pasaría la prueba de los observadores internacionales que obviamente deben ser invitados a inspeccionar la consulta.

 

En tercer lugar y como razón más importante, porque sin el cumplimiento de estos cánones exigidos, el  riesgo de manipulación es evidente.

 

En consecuencia, se hace imperativo cumplir con los siguientes puntos que desarrollan los cánones observados:

 

Primero: Creación ex nihilo de una plataforma con el único fin de convocar la consulta de acuerdo a los puntos observados.

 

Segundo: Antes de la constitución de la plataforma deberá mediar un prudente periodo de publicidad que tendrá como objetivo extender el proyecto a toda la sociedad civil y captar el mayor número de adhesiones.

 

Tercero: En dicho acto constitutivo deberán participar como fundadores y con plenos derechos participativos, cuantos colectivos y movimientos deseen hacerlo, siempre y cuando se comprometan con el objetivo del proyecto y velen por el buen funcionamiento de la plataforma. Es fundamental que entre los distintos grupos y movimientos fundadores exista la mayor pluralidad política posible, de manera que en ella puedan verse representadas las distintas adscripciones ideológicas, culturales, territoriales, modelos de gobierno, de Estado y demás opciones políticas del país.

 

 

 

c)       Establecimiento de un periodo prudente de reflexión y deliberación previa

 

Pretender abrir un proceso de revisión de la Constitución del 78 sin contar con el apoyo de las instituciones públicas actuales es una empresa que requiere de un ímprobo esfuerzo en muchos sentidos, pero especialmente en que vaya dirigido a ponerlo en conocimiento de los ciudadanos y a pedirles que se hagan partícipes.

 

Es por ello que no es posible concebirlo con unas mínimas garantías de éxito sin que exista, como mínimo, un periodo de nueves meses entre la creación de la plataforma y la fecha designada de comienzo de la consulta. Arbitrar un periodo de tiempo inferior es, políticamente, una temeridad y una falta de consideración hacia las personas que dediquen tiempo e ilusión al proyecto.

 

 

4)    ESTRATEGIA

a)       Adhesión para la fundación de la Plataforma

 

i.          Mínimo número de adhesiones antes de fundar la Plataforma

 

El mínimo número de adhesiones antes para constituir la Plataforma debe ser de 100 asociaciones, colectivos y movimientos que cuenten con al menos 500 socios o 1000 seguidores en las redes sociales. Lógicamente, toda asociación y movimiento puede formar parte de la plataforma y ser miembro fundador de la misma, independientemente del número de socios y simpatizantes que tenga.

Este requisito es de carácter formal y tiene como fin conseguir que desde el inicio la plataforma cuente con los recursos humanos y la pluralidad política suficientes para garantizar el buen desarrollo del objeto fundacional.

 

 

ii.          Tiempo para conseguir las adhesiones

 

Si en un periodo nunca inferior a seis meses los promotores iniciales no han conseguido convocar a 50 colectivos para la fundación de la plataforma, el objetivo del proyecto debe ser abandonando hasta encontrar una mejor predisposición  de los mismos o una evolución de la situación política.

 

 

 

b)       Fundación de la Plataforma por todos los colectivos adheridos

 

Una vez adheridos 50 colectivos y asociaciones, se procederá a la fundación de la plataforma. En el protocolo fundacional se recogerán expresamente el objetivo político perseguido y los principios observados en los que se inspira.

 

Para su correcto funcionamiento, la plataforma deberá contar con una mínima estructura organizativa.

 

i.          Establecimiento de la estructura y organización del trabajo

 

  • Asamblea Gral.

 

La Asamblea General quedará constituida en el mismo momento en que se cree la Plataforma. Estará formada por dos miembros de cada asociación o colectivo que pueden ser distintos sin necesidad de aprobación previa por parte de la asamblea. Tan sólo se necesitará la comunicación vía online de la asociación correspondiente. De ella partirá la iniciativa política y en ella se decidirán las cuestiones fundamentales.

 

Los tres puntos que deberá recoger el primer orden del día de la Asamblea serán los siguientes:

 

–          fecha de la convocatoria

–          duración de la convocatoria

–          redacción definitiva de la pregunta sometida a consulta

 

De ningún modo estos tres puntos podrán contravenir el espíritu de los axiomas expresados anteriormente

 

 

  • Delegación Permanente

 

Si lo considera pertinente, la Asamblea podrá crear una Delegación Permanente que no podrá tener menos de 25 miembros, correspondiendo cada uno de ellos a una asociación o movimiento.

 

La Asamblea podrá delegar en ella alguna de las funciones organizativas y de gestión ordinaria, como la coordinación de las áreas de trabajo. La Delegación Permanente no podrá tomar decisión alguna que no haya sido aprobada previamente por la Asamblea.

 

 

  • Creación de Áreas de Trabajo

 

Con el ánimo de distribuir el esfuerzo, la Asamblea creará áreas de trabajo y nombrará responsables, que estarán coordinados por la Delegación Permanente.

 

  • Área de Expansión en la Red

 

La formarán 10 personas designadas por la Asamblea. Éstas pueden ser miembros de la Delegación Permanente.

 

Sus funciones quedan circunscritas a ejecutar las decisiones de la Asamblea en este ámbito

 

  • Área de Expansión y Organización Territorial

 

La formarán 10 personas designadas por la Asamblea. Éstas pueden ser miembros de la Delegación Permanente.

 

Sus funciones quedan circunscritas a ejecutar las decisiones de la asamblea en este ámbito

 

  • Área de Expansión en los medios

 

La formarán 10 personas designadas por la Asamblea. Éstas pueden ser miembros de la Delegación Permanente.

 

Sus funciones quedan circunscritas a ejecutar las decisiones de la Asamblea en este ámbito

 

  • Área de recogida de firmas electrónicas

 

La formarán 10 personas designadas por la Asamblea. Éstas pueden ser miembros de la Delegación Permanente.

 

Sus funciones quedan circunscritas a ejecutar las decisiones de la Asamblea en este ámbito

 

 

  • Área de recogida de firmas físicas

 

La formarán 10 personas designadas por la Asamblea. Éstas pueden ser miembros de la Delegación Permanente.

 

Sus funciones quedan circunscritas a ejecutar las decisiones de la asamblea en este ámbito

 

 

  • Área de Financiación de la estructura

 

La formarán 10 personas designadas por la Asamblea. Éstas pueden ser miembros de la Delegación Permanente.

 

Sus funciones quedan circunscritas a ejecutar las decisiones de la Asamblea en este ámbito

 

 

ii.          Organización de la Campaña electoral

 

Unos tres meses antes del comienzo de la consulta, comenzará la campaña propiamente dicha. La plataforma, comandada por la Asamblea, redoblará los mensajes, las apariciones públicas de los representantes designados a tales efectos y los actos públicos en general. Las áreas de trabajo se concentrarán en los siguientes 4 puntos e incrementarán el número de miembros tanto como la Asamblea considere necesario

 

  • Logística de campaña
  • Actos de campaña
  • Mensajes finales
  • Financiación de la campaña
  • Votación electrónica
  • Votación física

 

 

 

5)    Texto y firmas de Adhesión para formar parte de la Plataforma

 

Leídos y estudiados todos los puntos de este documento y estando de acuerdo en formar parte en la constitución de esta Plataforma para promover una consulta popular en las condiciones descritas, D./Dª. en representación expresa o tácita del movimiento/asociación/colectivo/fundación/partido  _________________________  _____________________________________ se adhiere a todos sus efectos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración Final: Este documento de adhesión para constituir la plataforma, hasta que se ponga en circulación pública, después de las primeras 10 adscripciones, es susceptible de ser modificado, siempre y cuando no se vea alterado ninguno de los principios fundamentales en los que se basa el proyecto.

 

 

About admin

Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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