Capitalismo, democracia y legitimidad.

 

Me ha llamado la atención el artículo de Ulrich Beck titulado “Indignados, entre el poder y la legitimidad”. Beck es autor de la conocida obra “La sociedad del riesgo”, editada en 1992. Como sociólogo, le preocupa más el estudio de la sociedad y sus superestructuras que la naturaleza del poder y ello se refleja claramente en el artículo al que me refiero. Con todo respeto y reconociendo su autoridad, mantengo dos discrepancias.

La sociedad, es cierto, ha sido víctima de un sofisma. Seducida por los cantos de las sirenas mediáticas que afirmaban que los valores en el mercado global nunca sufrirían descensos, y apuntalada por los préstamos que les facilitaban los grandes conglomerados financieros, se lanzó decididamente a adquirir, especialmente bienes raíz, con unos tipos muy bajos que se amortizaban rápidamente con el crecimiento imparable de los precios. Situando el problema en sus verdaderas dimensiones es más fácil comprender las posibles soluciones. Todo aquel que compró lo hizo con la sana intención de ganar. Y nadie devolvió una parte de sus beneficios, mientras los hubo, a quienes les proporcionaron los medios para lograrlo, dígase especialmente a la banca. En esta situación que Beck define de riesgo financiero global, el sofisma consistía en que existía una gran desproporción entre quienes generaron los riesgos y se beneficiaron de ellos y quienes acabaron sufriendo las consecuencias. Es decir, que mientras los usuarios finales obtenían, en la época dorada, un buen rendimiento de su inversión/especulación, una minoría influyente hinchaba sus balances y multiplicaba desorbitadamente su riqueza, dejando evidencia de que la bonanza le beneficiaba más que a la inmensa mayoría. Hasta aquí, podríamos considerarlo business as usual. Lo intolerable ha sido que las pérdidas se han repartido de una forma inversamente proporcional. Es decir, a mayores beneficios menores pérdidas porque, un tercer agente, el Estado, ha entrado en la partida y las ha soportado por temor a que se colapsaran todos los flujos financieros globales.

Coincido con Beck, en que en este gigantesco experimento económico que es la globalización, en ese espacio vacío donde a menudo reina la ignorancia y la incertidumbre, no puede haber una comunidad de destino equivalente al 99% de la población que sirva al otro 1% de conejillo de indias en el laboratorio del riesgo.

Sin embargo, a través de la revelación del sofisma no debemos colegir que el capitalismo como sistema de libertad económica y de producción de bienes haya fracasado, sino que su connivencia a alta escala con el poder político para blindarse contra el riesgo y trasladarlo a la ciudadanía debe ser desarticulada cuanto antes. Si el poder político a través de las instituciones financieras creadas a tal fin hubiese regulado debidamente la actividad financiera de forma que hubiesen puesto fin al calentamiento artificial de la economía y, muy especialmente, hubiesen hecho partícipes de las pérdidas a los gestores de la crisis, obligándoles a participar en este juego de suma cero en igualdad de condiciones, no habríamos llegado a la situación en la que nos encontramos, y de producirse el improbable caso de haber llegado, la indignación no tendría derecho a aflorar.

Lo que ha quedado claro tras estos años no es que la economía de libre mercado es un monstruo que hay que eliminar de la faz de la tierra, ni siquiera creo que haya que transformar sus premisas fundamentales más allá de las políticas fiscales que deban reformarse. Lo que necesita el capitalismo, como cualquier institución gobernada por la condición humana, es un cierto control que garantice la igualdad de oportunidades real. Si Breton Woods ya no es capaz de surtir de soluciones a un mundo que poco se parece al del final de la II Guerra Mundial, quizá convenga plantearse una actualización del mismo sobre la base global y posmoderna que caracteriza nuestras sociedades, pero sin olvidar el papel fundamental que todavía han de jugar en esta primera parte del siglo XXI las naciones-Estado.

 Pues es una paradoja muy habitual en la progresía considerar la superestructura capitalista superior a los Estados y pedirles a éstos que actúen para delimitar su poder. La tesis neomarxista de que el mundo del riesgo globalizado no cabe bajo el control de los Estados soberanos no es cierta o, al menos, es inexacta. Su soberanía, aunque limitada de iure y de facto por los agentes internacionales, sigue siendo el poder más importante de cuantos existen en la Tierra. No conozco, porque no la hay, una sola multinacional capaz de alterar más al régimen de libertades del hombre que el más pequeño de los Estados.

Ahora bien, si los propios legítimos Estados estuviesen a su vez controlados por la ciudadanía y hubiese una esfera pública libre y armonizada, los excesos de los mismos, cuyas consecuencias están resultando tan devastadoras como los de los bancos -en Europa incluso peores, cuestión que olvida Beck- no se habrían cometido y de haberse producido solamente en el sistema financiero privado, los Estados podrían haber acudido a su rescate, por interés público, cobrándoles un alto precio por ello sin poner en riesgo su propia existencia.

Sólo organizando el poder de manera que el ciudadano se sitúe en el rol de gran patrón, las instituciones trabajarán para él. Esta reflexión, desgraciadamente, es tan sencilla de inferir y tan difícil de digerir, que ni los ocupas de Wall Street, ni el somos el 99%, ni el 15M son capaces de asimilar. Lo cual, no obstante, no debe extrañar, pues ni el mismo Beck es capaz de detectar el verdadero problema en la falta de democracia de los Estados que la conforman. En pos de ese objetivo es donde los ciudadanos encontraríamos verdaderamente lo que él, orteguianamente, considera una comunidad de destino.

Y aquí enlazo con mi segunda discrepancia.

Beck manifiesta que el ciudadano no tiene poder, (yo pienso que en unos países más que en otros) pero tiene legitimidad. Y encuentra una paradoja en el hecho de que “exista un gran poder y escasa legitimidad del lado del capital y de los Estados y escaso poder y elevada legitimidad del lado de los manifestantes” describiendo con esta frase lo que debería ser pero no lo que es.

La legitimidad no es un derecho innato, ni siquiera consiste en un hecho objetivo que se encuentra permanentemente a disposición de su teórico titular. Así podría definirse la soberanía popular, al menos para los demócratas. La legitimidad política se refiere al ejercicio del poder. La legitimidad democrática, derivada de la anterior, adjetiva una idea o una relación de poder que necesita, como condición sine qua non,  ser mayoritaria en la sociedad, lo que le exige ser concreta y mensurable.

Hoy en día, los ciudadanos -y muy especialmente aquellos que viven bajo sistemas oligárquicos de listas de partido- aunque titulares de una soberanía que son incapaces de articular, no disponen del poder ni de la legitimidad. Primero, porque otorgan esta última al poder establecido con sus votos. De poco sirve protestar contra el sistema si luego se le dota de legitimidad dándole los votos que necesita para su permanencia. En segundo lugar, porque deben concretar y medir la idea democrática que pretenden legitimar.

Un buen ejemplo de ello podemos contemplarlo en el movimiento indignado. Aun cargado de razones para protestar, no es capaz, por su concepción rousseauniana del poder, de encauzar sus demandas y hacerlas mensurables. Motivo por el cual intuyo que sus acciones no pasarán de ser meras agitaciones de la conciencia colectiva.

Pues forma parte de una firme convicción personal que para que la legitimidad democrática triunfe sobre el poder de la oligarquía, es necesario que los ciudadanos nos unamos en cada nación Estado en torno a un proyecto concreto y transversal que pretenda modificar la naturaleza del poder que nos oprime o nos olvida y no inocule prematuramente el germen de la cuestión social que ha dado al traste con la mayoría de las revoluciones.

Y, también, que logremos medir nuestra unión para demostrar que es mayoritaria, para lo cual hay que tener presente que no es suficiente con salir a la calle a protestar. El ciudadano debe promover acciones políticas en positivo como la abstención activa o, como yo defiendo, la convocatoria de una gran consulta ciudadana con ayuda de las nuevas herramientas digitales.

 

 

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Empresario. Autor del libro Mando a distancia. Ex profesor de Sociología. Doctor en Derecho. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Urbanista.

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